Los CFDI, Comprobante Fiscal Digital por Internet, es el comprobante fiscal oficial ante el SAT, que permite la comprobación tanto de ingresos como de egresos sobre las actividades comerciales de los contribuyentes, organizaciones y empresas, el cual está en vigencia desde el 2004 cuando se implementó la facturación electrónica en México.
Existen seis (6) tipos distintos de CFDI, que son:
Comprobante de ingresos:
Es emitido cuando se efectúa una venta a personas que solicitan tal documento. Su elaboración está vinculada a procesos como prestación de servicios, arrendamiento o enajenación de bienes, honorarios profesionales, donativos recibidos, entre otros. La emisión de este comprobante es de suma importancia para el contribuyente en cuestión, porque de lo contrario puede acarrear desde pagos de multas hasta cierre del establecimiento.
Comprobantes de egresos:
Se utilizan al momento de efectuarse devoluciones, donde se debe intercambiar el comprobante de egresos por el de ingresos. Sus efectos son los mismos que las notas de crédito o débito.
Comprobante de traslado (carta porte):
La carta porte se utiliza como aval para legalizar el traslado de la mercancía. Su emisión no está atado a ingresos para el contribuyente.
Comprobante de nómina:
Cuenta con doble carácter, pues para la empresa es entendido como un egreso, mientras que para el colaborador será un ingreso. En este comprobante se debe señalar las deducciones y pagos que el empleado percibe.
Comprobante de recepción de pagos:
Su emisión se debe al pago de una parcialidad, y se usará una vez se hayan hecho los cobros posteriores a la emisión del comprobante. Este comprobante por lo general se usa cuando en su emisión aún no se ha recibido la totalidad del pago, lo que facilita la conciliación de las facturas contra pago.
Comprobante de retención e información de pagos:
Se usa cuando al cancelar los honorarios profesionales se debe de retener impuestos asociados al servicio prestado.
Dependiendo de la transacción a efectuarse, se deberá de emitir un CFDI en específico que avale la legalidad del proceso. Esto permite resguardar tanto al contribuyente como al beneficiario.